En medio de las tensiones económicas y las medidas de ajuste implementadas por Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora se encuentra enfrentando los desafíos financieros de la provincia de Córdoba. En un acto de compromiso, el Gobierno cordobés realizó el pago puntual de más de 27 millones de dólares, correspondientes a dos bonos adquiridos durante la gestión de Juan Schiaretti.

Este pago, calificado como cumplimiento “en tiempo y forma“, refuerza el compromiso de la Provincia de Córdoba con sus obligaciones financieras. Se destaca la intención de diferenciar las cuentas provinciales de las nacionales, especialmente en el contexto de las renegociaciones salariales y jubilatorias.

Llaryora, conocido por su papel como “defensor del interior productivo” frente a las medidas de ajuste, busca reforzar su posición como gobernante responsable. Tras concluir paritarias con ajustes salariales por debajo de la inflación, el mandatario se compromete a no detener proyectos vitales y a ampliar servicios educativos y de salud, mientras asume la responsabilidad de saldar la deuda heredada de la administración anterior.

Para obtener recursos adicionales, Llaryora está avanzando en la emisión de un nuevo bono, con la expectativa de recaudar alrededor de 300 millones de dólares. Este movimiento financiero busca garantizar los vencimientos de otros cuatro bonos adquiridos durante el mandato de Juan Schiaretti.

La estrategia del gobernador implica mostrar al Estado cordobés como un deudor confiable y responsable. La emisión del nuevo bono, gestionada por Guillermo Acosta, ministro de Economía de Córdoba, se perfila con un interés por debajo del 10%, aunque aún no se ha oficializado su destino. Se especula que estos fondos estarían destinados a cubrir los vencimientos previstos para los próximos meses.

En el horizonte financiero de la provincia se vislumbran vencimientos de intereses y capital por un total de 460 millones de dólares en los meses de junio y septiembre. Con un tercio de todos los vencimientos hasta 2027, el gobierno de Llaryora enfrenta un desafío considerable en sus cuatro años de gestión, con vencimientos estimados en 1.427 millones de dólares, alcanzando su punto máximo en 2025.

En busca de diversificar sus fuentes de financiamiento y no depender exclusivamente de las condiciones impuestas por Milei, la Provincia está explorando inversiones financieras en fondos, evitando la necesidad de autorización del Ministerio de Interior en el caso de deuda adquirida por entidades bancarias.

Aunque las conversaciones con posibles inversores están en curso, los detalles se mantienen bajo estricta confidencialidad. Sin embargo, queda claro que el objetivo de estos nuevos fondos es saldar las obligaciones financieras sin necesidad de reperfilar la deuda, según señalan fuentes del mercado cordobés.

El escenario de deuda heredada en dólares se complica aún más con la disminución de la recaudación, la recesión económica y la crisis política a nivel nacional, cuyas consecuencias son difíciles de prever.

Paralelamente, el ministro Acosta tiene la autorización para colocar letras del Tesoro en pesos, con un enfoque específico en proyectos de infraestructura pública. Este método de financiamiento ya fue utilizado por Llaryora durante su mandato como intendente, evidenciando una estrategia integral para abordar las necesidades financieras de la provincia.