Se expresó desde el país gobernado por López Obrador en un comunicado su preocupación por los mexicanos que viven en Texas, al referirse a disposiciones legales que generan “ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorias y de perfilamiento racial”.

“(La SRE) desaprueba la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que busca detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante”, señaló.

La legislación considera el ingreso ilegal a Texas un delito estatal y permite a jueces del estado ordenar la deportación de inmigrantes.

“México rechaza categóricamente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, agregó la cancillería.

Actualmente están en curso impugnaciones en una corte federal de apelaciones contra la ley SB4, promulgada en diciembre pasado por el gobernador del estado, Greg Abbott, en medio de condenas por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes.