Retenciones: continúa el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15%. Un pedido de gobernadores y miembros de la oposición.
- Privatizaciones de empresas públicas: en principio, se excluye a YPF, que continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal, pero no se descartan que ingresen otras a la nómina en la que está la petrolera, como Banco Nación, Arsat, YMAD y Nucleoeléctrica. Ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso.
- Eliminación de la Ley de movilidad jubilatoria: queda de lado la idea del Ejecutivo de otorgar aumentos por decreto y se pretende consensuar una nueva fórmula, que podría quedar atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con haberes que se actualicen según la inflación del mes anterior.
- Reforma electoral: se mantiene el sistema actual y quedaría afuera la propuesta de uninominalidad de circunscripción. La apuesta de LLA es generar un proyecto aparte de la ley en debate y que sea tratado en marzo, en sesiones ordinarias.
- La eliminación de la emergencia social, sanitaria y en Defensa: gracias a la normativa vigente, el Poder Ejecutivo Nacional puede tomar ciertas decisiones sin cumplir con todos los procedimientos administrativos habituales o sin contar con el aval del Congreso de la Nación. En el proyecto original había 12 temas propuestos para sancionar su emergencia, sacarían al menos tres.
- Fondo de Garantía de Sustentabilidad: se introduce como requisito del Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos) que deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley 23.696. Fue un pedido expreso del referente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, a Martín Menem.
- Pesca: a pedido de los gobernadores, se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina, el sistema de licitaciones no será internacional y siguen los requisitos actuales para la tripulación local.
- Hidrocarburos: en otra concesión a los líderes de ejecutivos provinciales, se incluye la aclaración “Nacional o Provincial, según corresponda” para evitar cualquier duda sobre competencias de las Provincias en la materia, y en todo el articulado. Sigue la facultad de las administraciones provinciales de controlar el plan de inversión.
- Biocombustibles: se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales.
- Licitaciones de biocombustibles: en pos de dotar de transparencia, se determina un régimen único, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento.
- Reorganización económica: se elimina el capítulo de la ley de sociedades que permiten la salida intempestiva de socios con hasta el 49% de la sociedad. Según abogados, la normativa podía disolver a miles de empresas estructuradas bajo la forma de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas, manifiesta. Y se incorpora cláusula para que los no residentes no pueden regularizar bienes a nombre de terceros.
- Bienes personales: se incluye beneficio a contribuyentes cumplidores (de acuerdo al artículo 187) y se consagra la reducción de la alícuota por tres años.
- Transición energética: inclusión de las provincias en las mesas técnicas de trabajo para el diseño del modo de asignación de derechos de emisión y la implementación del modo para establecer los límites de derechos de emisión anuales.
- Facultades delegadas al Poder Ejecutivo: el proyecto original contemplaba dos años con chance de extenderlas por el mandato completo. Ahora, después del entendimiento con la oposición, se reduce a un año con posibilidad de otro más. La discusión es sobre quién autoriza el segundo año. El Gobierno pretende que sea el Ejecutivo.
“Estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener un dictamen de mayoría el martes, ese es el objetivo”, explicó Menem en declaraciones radiales. A su vez, profundizó: “Obviamente, diputados son 257, cada bloque tiene su pertenencia ideológica, cada uno tiene sus recetas y su manera de ver la realidad”.
“Nosotros tenemos nuestra impronta. Nosotros no vamos a negociar nada que ponga en juego la libertad de los argentinos, no vamos a trabajar para que eso pase”, agregó.
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“Hay algunas cosas que son enriquecedoras y que mejoran aún más el proyecto, y hay otras que no, estamos tomando todo lo que mejora la calidad de nuestro proyecto, que es realmente muy ambicioso”, dijo.
Y sumó: “Para que pasen cosas que no pasaron estos últimos 100 años, tenemos que hacer lo que no se hizo en 100 años, y por eso lo voluminoso del proyecto y el tiempo que está llevando. Aún así, venimos a un ritmo bastante acelerado, o sea, se toman aquellas sugerencias que mejoran aún más el proyecto que ya tenemos, este es el espíritu del trabajo que venimos realizando”.
El jueves pasado, en un encuentro en el despacho de Menem, un grupo de legisladores opositores dialoguistas analizaron con otros dirigentes de La Libertad Avanza modificaciones en la iniciativa para destrabar la negociación y encaminar la viabilidad del proyecto en el Poder Legislativo.
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En el medio, la Confederación General del Trabajo (CGT) tiene prevista un paro con movilización para el miércoles.
El detalle de los cambios:
► Fórmula de movilidad jubilatoria: la suspensión de la ley vigente sin un reemplazo como pretendía el menú quedó fuera del menú. Quedaron en pie dos opciones. La primera es introducir una nueva fórmula de movilidad indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que los haberes se actualicen según la inflación del mes anterior. La otra opción es directamente retirar el artículo sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y postergar la discusión para más adelante, en una ley separada.
► Retenciones: se mantiene el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15%.
► Privatizaciones: se mantiene el paquete de empresas públicas sujetas a privatización pero se quita de la nómina a YPF, que de esta forma continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal. Se acordó que ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso. Además de YPF, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal quieren impedir que se privaticen el Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica.
► Reforma electoral: se deja de lado la propuesta de uninominalidad de circunscripción cuya aplicación gravemente la representación de los partidos más chicos en la Cámara de Diputados. “Se mantiene el sistema actual” reseñó Perfil.