¿Estamos perdiendo la fe en la política?
En estas próximas elecciones elegiremos, y ya se eligieron, Senadores, Diputados tanto nacionales como provinciales. También Intendentes y Concejales. Todos ellos tendrán 4 años para legislar, promulgar leyes y Ordenanzas, elegir jueces, ascender militares y policías, nuevas autoridades en los aparatos del estado que harán de la burocracia algo insufrible o agradable. Modificarán nuestras vidas y costumbres, si equivocan sus decisiones, ellas, repercutirán en la economía.
Al observar las listas que tomaremos para colocar en las urnas observamos que, muchos de ellos ya son conocidos por todos nosotros, hace décadas que están en el poder. Otros ingresarán por primera vez, si ingresamos a sus cuentas de redes sociales, desde Facebook, Instagram, Twitter comprobaremos que carecen de los conocimientos elementales de los articulados de nuestra Constitución Nacional, Provincial y legislación municipal. Un ejemplo, en la Provincia de Buenos Ayres sus municipios se rigen por un Decreto militar de 1958, que es el 6769. Tenemos 3.200 decretos de distintas dictaduras que están vigentes aún. Nuestros legisladores temen derogarlos, como es el caso del que rigen las actividades financieras. Se ha construido una arquitectura de poder que favorece al régimen centralista, en una relación incestuosa con el poder económico, por lo que nadie quiere modificar, principalmente la administración política bonaerense.
El Ejecutivo nacional, el actual como los anteriores, ante la falta de propuestas, ideas, proyectos que genere riquezas para el conjunto de la comunidad, basada en la producción y la educación, materia prima más cadenas de valor, formación más ciencia y tecnología, optó por el “camino de caperucita”, el atajo que lleva a la boca del lobo. Han decidido solicitar préstamos a los organismos financieros internacionales, poniendo como garantía nuestra soberanía, nuestros recursos mineros, energéticos, alimentarios. Y también, nuestra organización federal.
En los últimos años 16 provincias optaron por un régimen unicameral, que sólo reconoce la representación demográfica, omitiendo la representación territorial. Ella no implica eficacia legislativa, ya que, si bien podría acelerar la tramitación de los proyectos de ley, no necesariamente será con la misma calidad legislativa. Por otro lado, el bicameralismo ha sido tradición en Argentina desde la Carta Constitucional de 1853 en las 14 provincias existentes.
Un régimen unicameral, como el que intentará imponer el actual gobernador de la provincia de los bonaerenses, si es reelecto, podría tener un impacto desproporcionado en la representación política de la provincia. La mayoría de los representantes de la Cámara única provendría del Conurbano que tiene el 67% de la población y, llevaría al interior bonaerense a una subrepresentación, viéndose marginado en las tomas decisiones políticas.
Además, el gobernador saldría siempre del interior del Conurbano, lo que podría llevar a una orientación desigual de los recursos hacia esa región. Esto podría exacerbar las tensiones entre el Conurbano y el interior bonaerense y aumentar la sensación de desigualdad, y a una posible división de la provincia en dos nuevas provincias.
Esta situación, sumada a la baja calidad de la representación política, de la capacidad de nuestros legisladores, como la carencia de ideas estratégicas, de planificación, solo causaría más angustia en la población y profundizaría la crisis social y económica de la misma. Una forma de equilibrar esta situación es que, los sectores económicos peleen por un regionalismo productivo, nacional y provincial, con representación en el Congreso. Un Congreso que deberá ser tricameralista. No es generar burocracia o aumentar el gasto público, simplemente se trata de que, por lo menos un sector, el agrícola-ganadero, pueda tener respuestas políticas a sus problemas y necesidades.
Luis Gotte
Co-autor de “Buenos Ayres Humana, la hora de tu comunidad” Ed. Fabro 2022.
Mar del Plata