La noción de “actor” se opone a la de “agente”; mientras que éste último reproduce, el primero produce.
El concepto de actor amplía al individuo y a los colectivos los márgenes de decisión y de acción, es decir de su autonomía, con lo que se le concibe como alguien capaz de convertirse en alguien creador o innovador en el ámbito de la acción.
Los actores sociales son colectivos que interactúan entre sí para alcanzar objetivos que representan sus intereses. Sus acciones portan significados y valores.
Charles Tilly no habla de “cambio social” en abstracto sino de muchos procesos de cambio a pequeña escala que generan cambio social. Partiendo del modelo de acción racional, Tilly elaborará su teoría de la acción colectiva en la que sustituirá las decisiones racionales, en términos de coste-beneficio, por decisiones estratégicas de los actores. Esta nueva concepción de la movilización queda definida por cinco aspectos: intereses, movilización, organización, oportunidades y acción colectiva, constituyendo la base para el desarrollo del marco teórico de la movilización de recursos.
Un actor social no preexiste la acción colectiva como algo a priori sino que se va desarrollando en ella, ya no es el mismo que era en un comienzo.
Este desarrollo teórico hacia un modelo relacional y dinámico de la relación entre conflicto y cambio social le lleva a la noción de repertorio de acción colectiva, definida como “modos establecidos de plantear protestas y demandas”, “creaciones culturales aprendidas e insertas en identidades colectivas establecidas”, generadas en el seno de luchas políticas, condicionando “la matriz de modos de interacción disponibles de las luchas populares”.
Tilly engloba de este modo la estructura y la agencia en una relación interactiva, dotando el conflicto y la contienda política de lógicas explicativas propias, con actores constructores y estructuras condicionantes que definen los procesos políticos.
Respecto al Estado, frente a ciertas visiones negativas y reduccionistas de su rol, Tilly lo considera como actor interventor, con responsabilidad sobre las estructuras de desigualdad, con capacidad re-distributiva a través de las políticas públicas y con influencia notable sobre las redes sociales, en tanto que agente principal. Es por ello que uno de los objetivos de los actores sociales se relaciona con la influencia sobre el Estado, el cual, sin embargo, también despliega sus facetas represivas abiertas y simbólicas de coerción y control social.

Empoderarse implica:  
instalar procesos horizontales y no verticales
romper con las asimetrías de poder
dejar de ser objeto y pasar a ser protagonista
pasar de la acción individual a la acción colectiva
adquirir confianza en las propias capacidades y acciones
acceder al control de los recursos
mejorar las condiciones de vida mediante la autogestión
obtener representación en los cuerpos de toma de decisiones
lograr participación de los procesos de planeación
participar en el cambio social

La participación ciudadana implica que los ciudadanos se involucren de manera activa en decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas.
Se genera a través de un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. Introduce elementos de democracia directa en el marco de las democracias representativas.
En el pasaje de la democracia representativa a la democracia participativa, los gobiernos locales ceden espacios de decisión a la ciudadanía. Así, la participación como derecho fortalece la sociedad civil y facilita la mayor transparencia en la asignación de recursos.
Un ejemplo de estos espacios de decisión cedidos es, por ejemplo, el de desarrollo urbano. Los ciudadanos se organizan en foros o consejos, realizan un diagnóstico compartido y votan propuestas de desarrollo, en espacios presenciales o apuntalados por las nuevas tecnologías.
Los gobiernos locales ahora forman parte de entramados multiactorales con diversos protagonismos en iniciativas en las que se ponen en juego y se modifican los capitales sociales de los actores.
Entre los límites de la participación ciudadana se encuentra la falta de respuesta de los gobiernos (“responsiveness”), la lentitud y dificultades propias de las burocracias administrativas para la ejecución de los proyectos, la desconfianza y falta de cercanía respecto a los políticos, el escepticismo sobre las posibilidades reales de participación, el clientelismo y la falta de transparencia, la escala local y no ampliada de los procesos, la poca relevancia de los asuntos que los ciudadanos deciden que dejan a la participación en carácter de mero espectáculo o puesta en escena para legitimar decisiones previamente tomadas por los gobiernos.

Lic. Nicolás Milanesi (Sociólogo. UBA)