Para un análisis objetivo, es fundamental considerar ambas posturas sin explicitar la toma de partido de este cronista. Comencemos: La marcha universitaria programada para el próximo martes en la Universidad de Buenos Aires (UBA) es un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrenta la educación superior en Argentina. Una parte del estudiantado y la comunidad académica atribuye los problemas presupuestarios de la UBA a causas que preceden al gobierno asumido en diciembre de 2023, señalando la responsabilidad del presidente Alberto Fernández. Este grupo argumenta que el déficit presupuestario y la precariedad de las condiciones educativas son el resultado de políticas previas y de la falta de inversión sostenida en la educación pública durante años. Según esta perspectiva, el gobierno entrante habría cumplido con lo acordado, y la promesa de regularizar la situación financiera de la UBA llevaría al reinicio normal de las clases.Por otro lado, la izquierda, representada en este contexto por sectores críticos al gobierno actual, responsabiliza al presidente Milei por la situación precaria de la UBA y la posible interrupción de las clases. Argumentan que las políticas económicas y fiscales promovidas por el gobierno de Milei han exacerbado la crisis económica del país, lo que a su vez ha afectado negativamente el financiamiento de la educación superior. Desde esta perspectiva, se sostiene que las medidas de ajuste y austeridad propuestas por el presidente Milei han reducido los recursos disponibles para la educación pública, incluida la UBA, y han contribuido a empeorar su situación financiera.Al analizar ambas posturas, es importante considerar varios aspectos. En primer lugar, la crisis presupuestaria en la UBA es un problema multifacético que tiene raíces tanto estructurales como coyunturales. Si bien es cierto que la falta de inversión en educación pública es un problema de larga data en Argentina, también es necesario reconocer el impacto de las decisiones políticas recientes en la situación actual. Tanto el gobierno anterior como el actual tienen responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y en la priorización de la educación como política de Estado.Por otro lado, atribuir exclusivamente la culpa al presidente Fernández o al presidente Milei simplifica en exceso la complejidad del problema. La crisis presupuestaria en la UBA es el resultado de una combinación de factores, incluidos problemas estructurales del sistema educativo argentino, fluctuaciones económicas y políticas gubernamentales tanto pasadas como presentes. Culpar a un solo actor político o partido no aborda adecuadamente la complejidad del problema ni ofrece soluciones sostenibles a largo plazo.En conclusión, la marcha universitaria próxima en la UBA refleja las tensiones y preocupaciones legítimas sobre la crisis presupuestaria en la educación superior argentina. Si bien diferentes grupos pueden tener interpretaciones divergentes sobre las causas y responsabilidades de esta crisis, es fundamental abordar el problema de manera integral y buscar soluciones que garanticen el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes. Esto requiere un compromiso político y social para invertir en la educación pública y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, independientemente de los cambios de gobierno o las agendas políticas particulares.