A partir de este martes, los abogados están obligados a responder ante la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando participen en transacciones a nombre de un cliente. Esta disposición se ha hecho oficial con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial, la cual establece las normas de la nueva ley antilavado, ratificada en el Senado el 14 de marzo.

La creación de esta ley fue una solicitud del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al gobierno de Argentina. Miembros del GAFI han estado supervisando la situación del país en cuanto al lavado de dinero y el terrorismo. Han estado observando la cantidad de informes y resoluciones finales, así como las sentencias. Argentina estaba en la lista gris del GAFI y para cambiar esta situación, que se revisará en octubre, se deben cumplir una serie de requisitos. Entre estos, se encuentra esta nueva ley que incluye a los abogados como sujetos obligados a informar transacciones sospechosas.

Quién debe informar y quién no

Hasta la fecha, los contadores, escribanos, los bancos y otros profesionales estaban en esta lista. Sin embargo, El Colegio de Público de la Abogacía de la Ciudad ya ha declarado que presentará una impugnación porque considera que esta norma es inconstitucional. Según ellos, esta norma rompe la confidencialidad existente entre el abogado y su cliente.

No obstante, la resolución de la UIF publicada hoy excluye de esta obligación a los abogados contratados para un litigio. No se considera cliente a cualquier persona que requiera los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluyendo asesoramiento sobre cómo iniciarlos o evitarlos.

Por otro lado, se considerará cliente susceptible de ser reportado a cualquier persona, ya sea física o jurídica -nacional y/o extranjera-, y a aquellos que actúen en su nombre. Esto se aplica a cualquier relación contractual de carácter financiero, económico o comercial que se establezca de manera ocasional o permanente.

Las obligaciones de los abogados

En términos generales, los abogados están obligados a reportar una operación sospechosa. Por ejemplo, si un cliente solicita la compra o venta de una propiedad que supere 700 salarios mínimos, la administración de bienes o activos cuando la cantidad supera los 150 salarios mínimos, la administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores cuando la cantidad involucrada sea superior a cincuenta salarios mínimos, vitales y móviles.

La resolución de la UIF incluye la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

Se espera que la revisión del GAFI en octubre sea la cuarta desde su creación en 1989. La decisión final sobre el Reporte de Evaluación Mutua de Argentina será tomada en París. La última revisión realizada por el GAFI en Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país recibió una calificación baja. Ahora, con esta nueva ley, se espera que el país pueda mejorar su situación.