La noticia de un posible aumento en los precios de la nafta y el gasoil a partir del jueves, debido a la actualización de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), ha generado preocupaciones adicionales en el contexto de una economía ya afectada por la inflación. En los últimos dos meses, los precios de los combustibles han experimentado un aumento del 155%, y la discusión sobre la actualización de impuestos ha intensificado el debate económico en Argentina. La decisión de actualizar estos impuestos, que la administración anterior dejó sin cambios durante 10 trimestres consecutivos, plantea interrogantes sobre la incidencia que esto tendrá en los precios finales en el surtidor. Según estimaciones de la consultora Economía & Energía, si los impuestos se actualizan en un 377%, el aumento en naftas podría rondar los $82 por litro y en gasoil, $60, generando un incremento promedio del 8%. Por otro lado, algunas empresas refinadoras sugieren que, si se toma la inflación de los últimos 10 trimestres, la nafta podría aumentar $95 y el gasoil $65, equivalente a un aumento promedio del 11%. La situación se agrava por la constante subida de los precios de los combustibles en los últimos dos meses. La explicación de esta tendencia se encuentra en la eliminación del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, que deja a los impuestos a los combustibles como una vía de recaudación adicional para el Gobierno. Según el exministro de Economía Nicolás Dujovne, actualmente, el Estado recauda el 0,4% del PBI anual por impuestos a los combustibles, lejos del 1% que aportó en el pasado. Además, el congelamiento de los combustibles hasta el 1 de febrero de 2024, según el decreto 567/2023, busca “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”. Sin embargo, este congelamiento también tiene su costo fiscal, estimado en aproximadamente US$2800 millones en el año 2023, según cálculos de Economía & Energía. La discusión sobre los impuestos a los combustibles refleja las tensiones entre la necesidad de financiamiento del Estado y la presión sobre los consumidores, que ya enfrentan una inflación persistente. La contracción en la alícuota del ICL y el IDC podría tener un impacto negativo en la recaudación fiscal, pero la pregunta clave es cómo afectará al bolsillo de los ciudadanos. El aumento potencial en los precios de los combustibles no solo tendría un impacto en el costo de vida, sino que también podría afectar el consumo y la actividad económica en general. La proyección provisional de una caída del 10% interanual en las ventas durante diciembre sugiere que los consumidores ya sienten el peso de las subidas anteriores. El análisis crítico de esta situación implica evaluar no solo las implicaciones económicas inmediatas sino también considerar cómo afectará la calidad de vida de los ciudadanos y su capacidad para afrontar mayores costos en un contexto de inflación. La delicada balanza entre las necesidades fiscales del Estado y la capacidad de pago de la población sigue siendo un desafío que requiere decisiones equilibradas para evitar un mayor deterioro económico y social.