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    La degradación del Sistema de Inteligencia en Argentina

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    Por Juan Anibal Gómez (Red Amparo Argentina)

    La importancia de la labor de Inteligencia y Contrainteligencia en un país, es primordial, ante las distintas facetas aplicables por control del Estado, ante la aplicación de las Políticas de un Estado; la labor de inteligencia es entendida como el resultado de la ejecución de un ciclo aplicado a la información. Este ciclo comprende básicamente las fases de planeamiento y dirección; obtención y recolección; procesamiento, análisis y producción, así como distribución y difusión, esto con el objetivo de facilitar la toma de decisiones sobre una agenda de seguridad del Estado definida por las políticas publicas, internas y externas de la nación.

    La inteligencia por lo tanto se diferencia de la pura información gracias a este ciclo que permite tratar la materia prima (información), aún sin procesar. Las tareas de inteligencia estatal en las democracias modernas suelen plantear uno de los desafíos más sensibles para los gobiernos, ante las fallas advertidas en uso no legítimo de aplicación o por el uso para intereses partidarios y/o con fines financieros, etc.

    Argentina, lamentablemente es uno de los pocos países de Latinoamérica, que en las últimas décadas democráticas, los gobiernos de turno no estuvieron con la capacidad de administración seria ni tampoco estar a la atura calificable de optimización del Servicio, aún con cambios de nombres que no afectaron a la constante disolución, fragmentación y una clara intención desintegradora del sistema, cuando No hay país serio en el mundo que no cuente con servicios de inteligencia con profesionales, políticas de estado claves para proteger sus propios intereses frente a graves amenazas externas, las cuales cuentan con una gran capacidad operativa sobre todo en el ámbito Criminal y de Terrorismo.

    La dirección de la inteligencia de Estado en la Argentina fue casi siempre una actividad poco profesional, subordinada a políticas facciosas, desde el gobierno de Juan Domingo Perón, que la creó, en adelante. Salvo contadas excepciones, al frente de los servicios de inteligencia los presidentes de turno han puesto a amigos improvisados que, en general, se han caracterizado por carecer de conocimientos técnicos básicos –y, en casos resonantes, de la imprescindible idoneidad moral–, prostituyendo una función clave para la seguridad del país, que debería mantenerse al margen de cualquier interés político-partidario; así lo demuestran los gruesos errores como el ejemplo de nombramientos de La Cámpora, como en el Macrismo con Abogados, que realmente deterioraron y destruyeron la capacidad y eficiencia profesional de la AFI, lo cual por años fue respetada por su calidad profesional y logros obtenidos en el toda orbe, actualmente es grave ante los conflictos Geopolíticos como de Chile y ni hablar de las organizaciones Criminales Organizadas.

    Los casos como la embajada de Israel y la AMIA, el asesinato del fiscal Alberto Nisman, todos aún impunes a pesar de los años transcurridos fueron un Alerta de atención; pero aún es mas preocupante el estado de indefensión de la Ciudadanía ante el efecto y desarrollo del narcotráfico, el terrorismo, los riesgos a la seguridad incluyen la proliferación de armas de destrucción masiva; potenciales ataques a objetivos estratégicos, como centrales nucleares o hidroeléctricas, o ataques a centros de transporte o aeropuertos; la criminalidad organizada a gran escala, que avanza corrompiendo estamentos del Estado, y la financiación y el lavado de dinero proveniente de esas actividades ilegales. Es sumamente preocupante también la creciente cibercriminalidad, la inteligencia criminal que atenta contra la infraestructura de redes públicas y privadas, afectando la vida ante la impunidad de la falta de reacción del estado refleja nítidamente su incapacidad entre otros objetivos no cumplidos.

    En un mundo globalizado, los países intercambian información sensible orientada a gestionar de la mejor manera estos desafíos de naturaleza transnacional, para lo cual la cooperación resulta vital. Sustentada en la construcción de confianza mutua entre organismos pares, es clave la capacidad de mantener en secreto tanto las fuentes como la identidad de los agentes de cada país. Mas allá de la LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL, Ley 25.520, que asienta las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación, nos encontramos con la grave falta de capacidad de decisión de un Gobierno, que pone de relieve su falta de capacidad para reaccionar en tiempo y forma.

    La tarea de inteligencia en Argentina está plagada de dilemas éticos y morales. Suprimir su función, como algunos propician, no es una opción razonable en el mundo actual sin incrementar peligrosamente los riesgos y las vulnerabilidades de la Nación. La conocida ex primera ministra de Israel Golda Meir decía en referencia a los miembros del servicio secreto de su país, el Mossad: “Para hacer las tareas más duras y difíciles del Estado, debemos emplear a las mejores personas y los más capaces”.
    Los costos asociados a la tarea profesional y despolitizada de una inteligencia que se desenvuelva dentro de la legalidad y los debidos controles solo se justifican en la necesidad de garantizar la seguridad de la nación y la preservación de sus objetivos estratégicos respetando la ley y los derechos humanos. Como ya se ha visto, acceder a pagar cualquier otro precio torna por demás peligrosa una labor tan sensible como necesaria.

    Juan Anibal Gómez
    Presidente y Fundador

    RED AMPARO ARGENTINA
    La Organización Ciudadana con 25 años de trayectoria.

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