Contra la trata de personas y la pedofilia.
Segunda parte, por Luis Gotte*
La trata de personas y la pedofilia, como nuevas formas de esclavitud, presenta muchas actitudes heterogéneas. Es dinámica y adaptable y, al igual que otras tantas formas de actividades delictivas, cambia constantemente a fin de burlar la labor de prevención y detención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Si bien, desde los organismos internacionales, como Naciones Unidas, aparecen nuevos métodos de prevenir, investigar y combatir este gravísimo delito y maneras más efectivas de proteger y prestar asistencia a las víctimas, donde la cooperación internacional es crucial para el éxito de las intervenciones contra la trata de seres humanos, está cobrando un mayor impulso y se están desarrollando nuevos mecanismos de cooperación. Pero no son suficientes.
Creemos que se debe generar mecanismos y formas regionales, como un TRIBUNAL PENAL HISPANOAMERICANO para combatir la trata de personas y la pedofilia, que podría funcionar de la siguiente manera:
.- Se basaría en un tratado internacional que sería suscrito por los Estados hispanoamericanos que deseen adherirse al mismo, reconociendo su competencia y comprometiéndose a cooperar con él. Podría ser entre los miembros del MERCOSUR o, directamente, con los de CELAC.
.- Tendría jurisdicción sobre los crímenes de trata de personas y pedofilia cometidos en el territorio de los Estados parte, o por sus nacionales, o contra sus nacionales, o que afecten sus intereses esenciales.
.- Actuaría como complemento de los tribunales nacionales, respetando el principio de complementariedad. Esto significa que el Tribunal sólo intervendría cuando los tribunales nacionales no fueran capaces o no quisieran investigar o juzgar estos crímenes, o cuando lo solicitaran los propios Estados parte.
.- Estaría compuesto por un órgano judicial, integrado por jueces elegidos por los Estados parte, y un órgano de fiscalía, encabezado por un fiscal elegido por los jueces. Ambos órganos serían independientes e imparciales, y actuarían conforme al derecho internacional y al estatuto del Tribunal.
.- Podría iniciar una investigación y un juicio por iniciativa propia, a petición de un Estado parte, de la fiscalía, o de las víctimas o sus representantes legales. El Tribunal garantizará el derecho de defensa de los acusados, el derecho de participación y reparación de las víctimas, y el debido proceso en todas las etapas del procedimiento.
.- Impondría penas de prisión, multas, decomiso de bienes, inhabilitación, reparación a las víctimas, o cualquier otra medida que considere apropiada, de acuerdo con la gravedad de los crímenes y las circunstancias de cada caso.
.- Cooperaría con otros tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, o con organizaciones internacionales, regionales o nacionales, que trabajen en la prevención, protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas y la pedofilia.
El financiamiento del Tribunal podría provenir de varias fuentes, tales como:
.- Las contribuciones voluntarias de los Estados parte, de otros Estados, de organizaciones internacionales, regionales o no gubernamentales, o de particulares, siempre que sean aceptadas por el Tribunal y no comprometan su independencia e imparcialidad.
.- Las asignaciones presupuestarias de las Naciones Unidas, en caso de que el Consejo de Seguridad remita un caso al Tribunal o le preste su apoyo político o logístico.
.- Las multas, el decomiso de bienes, o la restitución que el Tribunal pueda imponer a los condenados, en beneficio de las víctimas o del propio Tribunal.
.- Los ingresos generados por la prestación de servicios jurídicos, técnicos o administrativos a otros tribunales internacionales, regionales o nacionales, o a otras entidades que lo soliciten, siempre que no interfieran con el funcionamiento del Tribunal.
El organismo deberá contar con un órgano de administración financiera, integrado por representantes de los Estados parte y de otros donantes, que supervisarán el uso adecuado y transparente de estos recursos, presentando informes periódicos al Tribunal, a los Estados parte y a las Naciones Unidas. También se someterán a auditorías externas e independientes que garantizarán la rendición de cuentas y la eficiencia del mismo.
Entre los antecedentes, se puede mencionar el proyecto de creación de un Tribunal Penal Latinoamericano y del Caribe contra el Terrorismo de Estado (2009), que fue impulsado por varias organizaciones de derechos humanos y de víctimas de las dictaduras militares de la región, y que contó con el apoyo de algunos gobiernos y parlamentarios. Este tribunal tendría como objetivo juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los regímenes represivos, que en muchos casos implicaron la desaparición, la tortura y la explotación sexual de miles de personas. Sin embargo, este proyecto no ha logrado concretarse por la falta de voluntad política de los Estados, la resistencia de los sectores militares y conservadores, y la ausencia de un marco jurídico adecuado.
Entre los argumentos a favor, se puede señalar que un Tribunal Penal tendría varias ventajas, tales como:
.- Reforzar la cooperación judicial y la asistencia mutua entre los Estados hispanoamericanos, que comparten una historia, una cultura, una lengua y valores comunes, y que enfrentan problemas similares en materia de seguridad, migración y derechos humanos.
.- Complementar la acción de los tribunales nacionales, que muchas veces son incapaces o no quieren investigar o juzgar estos delitos, por la falta de recursos, de capacitación, de independencia o de garantías procesales.
.- Suplir las deficiencias de la Corte Penal Internacional, que tiene una competencia limitada a los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, y que depende de la ratificación y la cooperación de los Estados, que no siempre se dan.
.- Garantizar la justicia y la reparación para las víctimas de la trata de personas y la pedofilia, que son delitos que afectan gravemente a la dignidad humana, y que requieren una respuesta urgente y efectiva de la comunidad internacional.
Entre los desafíos y obstáculos, se puede mencionar varias dificultades, tales como:
.- Conseguir el consenso y la voluntad política de los Estados, que tienen diferentes niveles de compromiso y de cooperación con el derecho internacional y los derechos humanos, y que pueden tener intereses contrapuestos o conflictivos en algunos casos.
.- Establecer un marco jurídico adecuado y uniforme, que defina los delitos, las penas, las competencias, los procedimientos y las garantías del tribunal, y que respete los principios de legalidad, de soberanía, de complementariedad y de subsidiariedad.
.- Asegurar el financiamiento y la administración del tribunal, que requiere de recursos suficientes, estables y diversificados, que no dependan exclusivamente de las contribuciones de los Estados, y que se gestionen de manera eficiente, transparente y auditada.
.- Evitar la politización y la corrupción del tribunal, que puede ser objeto de presiones, amenazas, hostigamientos o represalias por parte de los Estados o de otros actores, y que debe garantizar su independencia, imparcialidad, integridad y transparencia.
.- Lograr la ejecución y el cumplimiento de las sentencias del tribunal, que depende de la cooperación y la asistencia de los Estados, que pueden incumplir o resistirse por razones políticas o ideológicas, y que puede requerir de medidas de persuasión o de coerción por parte de la comunidad internacional.
En conclusión, un Tribunal Penal Hispanoamericano es una propuesta que tiene fundamentos y beneficios, pero también implica retos y riesgos para su viabilidad y efectividad. Se trata de una iniciativa que requiere de un amplio debate y de una profunda reflexión, tanto a nivel jurídico, como político, social y cultural, y que debe contar con el apoyo y la participación de todos los actores involucrados, especialmente de las víctimas y de la sociedad civil. Todo esfuerzo en ese sentido lo vale, porque los únicos privilegiados en nuestra América Hispana deben ser los niños.
*Escritor y articulista, co-autor de “Buenos Ayres Humana, la hora de tu comunidad” Ed. Fabro, 2022; y de “Buenos Ayres Humana II, la hora de tu Intendente” en preparación.
La pequeña trinchera
Mar del Plata