Por Lucas Verduci. Ensayista.

La violencia ejercida contra una jubilada por parte de la fuerza pública es un acto que nos afecta profundamente a todos, especialmente si consideramos la diversidad de experiencias y sensibilidades en nuestra sociedad. Desde una perspectiva neurodivergente, entendemos que cada individuo procesa la información y las emociones de manera única. Para algunos, la brutalidad física puede evocar traumas pasados o generar una sensación de inseguridad y vulnerabilidad extrema. Para otros, la injusticia del acto puede desencadenar una respuesta de indignación y frustración intensa.

Es crucial reconocer que la violencia estatal no solo daña físicamente a las víctimas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa un clima de miedo y opresión. Cuando vemos a una persona mayor, un miembro vulnerable de nuestra comunidad, siendo agredida por aquellos que deberían protegernos, se quiebra un pacto social fundamental.

Además, es imposible ignorar el contexto político en el que se produce esta agresión. El estilo verbal de la autoridad que preside un poder de la estatalidad caracterizado por insultos y descalificaciones hacia diversos sectores de la sociedad, contribuye a crear un ambiente de polarización y hostilidad. Cuando los líderes políticos legitiman la violencia verbal, están dando luz verde a la violencia física. Sus palabras tienen un impacto real en el comportamiento de sus seguidores y en la percepción pública de lo que es aceptable.

Por lo tanto, es imperativo que condenemos enérgicamente tanto la agresión física contra la jubilada como el discurso de odio promovido por sectores oficiales. Debemos exigir una investigación exhaustiva y transparente de los hechos, así como una reparación integral para la víctima. Al mismo tiempo, debemos promover un diálogo constructivo y respetuoso que nos permita construir una sociedad más justa e inclusiva, donde la diversidad sea valorada y protegida. Lucas Verducci.